El río Puré (Purué en Brasil) se encuentra entre los ríos Caquetá (Japurá) y Putumayo (Içá), justo en la frontera colombo brasilera. Desde finales del siglo XIX y principios del XX se rumoraba la presencia de pueblos que se refugiaban de caucheros y traficantes de pieles en lo profundo de estos bosques. En las cabeceras de este río, que se caracterizan por onduladas colinas boscosas, rodeadas de humedales asociados a la majestuosa palma de canangucho o aguaje (Mauritia flexusoa) se encuentran malocas de un pueblo en aislamiento que ha hecho de este millón de hectáreas, su hogar.
Se trata de pueblos que en ejercicio de su autodeterminación resisten a la colonización y todo contacto con la sociedad circundante. Sus vecinos, los pueblos murui – muina, bora, miraña, yucuna, cubeo, matapi, carijona, tikuna, todos ellos comparten una historia similar; víctimas de la esclavitud que llegó río arriba con los españoles y río abajo con los portugueses y, posteriormente, víctimas del genocidio ocasionado por los esclavistas caucheros entre 1879 y 1912 que se estima costó 50 mil vidas en la región.
Todos estos pueblos, desde su tradición y “Ley de Origen”, respetan y valoran esta decisión de sus vecinos. Conocen las razones detrás de su aislamiento y desde el pensamiento chamánico presienten y admiran esta decisión de resistencia.
Como sucede con muchos pueblos amazónicos, el gentilicio asociado a los pueblos en aislamiento es cuestión situacional y de debate. Recientes investigaciones antropológicas, lingüísticas y conversaciones con autoridades tradicionales indígenas, coinciden en hablar de los pueblos yuri y passé.
Si bien, desde el conocimiento ancestral se reconoce a los yuri y passé como originarios de estos bosques, solo hasta 1969 el gobierno de Colombia recibe las primeras notificaciones de su existencia. En ese año, un comerciante de pieles y ex militar intenta hacer contacto con el pueblo en su intención de sumarlos a su cuadrilla de trabajadores explotados y abrir un paso entre los ríos Caquetá y Putumayo. Nunca regresa. El ejército, sin contexto, emprende una expedición en su búsqueda dejando como resultado una masacre de indígenas en aislamiento y secuestrando a una familia que es llevada al pueblo fronterizo de La Pedrera.
Por los buenos oficios de periodistas y antropólogos, en pocos meses se logra el retorno de la familia a su territorio y, desde allí, pocas noticias de estos pueblos. A diferencia de otros países existen muy pocos registros de contacto o avistamientos con los yuri-passé. Sin embargo, madereros, narcotraficantes, mineros, actores armados, mientras sacan provecho de los recursos de sus territorios han sentido de una manera u otra la presencia de este pueblo autónomo y resiliente.
La información sobre la existencia de este pueblo puso a pensar al gobierno colombiano en la necesidad de proteger su territorio, de libre disposición del estado para esa fecha. La región del Puré se encuentra rodeada de amplios territorios indígenas (resguardos) como gran parte de la planicie amazónica colombiana, estos son inalienables, imprescriptibles e inembargables. La figura de un resguardo para los yuri-passé fue descartada dado que se sentía que no había una entidad responsable y con capacidad para proteger el territorio.
En 2002 Colombia solo tenía un referente cercano y sistematizado de las nefastas consecuencias del contacto, el caso nükak. Un pueblo forzado al contacto por misioneros, actores armados y colonos en la década de los 80. Las tragedias del contacto han acompañado a este pueblo por los últimos cuarenta años: despojo, explotación, marginalización, reclutamiento forzado, asesinato, prostitución, drogadicción, alcoholismo, entre muchas otras, son afectaciones que enfrentan mientras resisten, actualmente, fuera de su territorio, pues cada vez está más apropiado por terceros.
Con esta antesala, el gobierno colombiano aprovecha la reciente Política de Participación Social de Parques Nacionales de 2001, en la que se pretende “la conservación de la biodiversidad, de los servicios ambientales y de la diversidad cultural del país”, y considerando que la figura de Parque Nacional es la única que protege el subsuelo, constituye el Parque Nacional Río Puré para la protección del territorio de los pueblos en aislamiento yurí y passé.
Desde la fecha, sus funcionarios, predominantemente indígenas de comunidades vecinas se han dedicado, con recursos precarios, a la protección de su territorio. De resaltar es la creciente coordinación con autoridades indígenas para establecer medidas coordinadas de prevención y protección.
Con los años, investigadores y autoridades tradicionales de los pueblos indígenas deciden poner en conocimiento del gobierno, indicios de hasta otros catorce pueblos aún por confirmar que viven en aislamiento en el país.
En 2010, el investigador Roberto Franco García junto con Parques Nacionales, La Universidad Nacional de Colombia y la ONG Amazon Conservation Team confirman la irrefutable existencia de malocas de estos pueblos en el río Puré. Lo anterior, despliega un colectivo de aliados entre instituciones del gobierno, organizaciones indígenas y ONG para proponer al gobierno la necesidad de establecer una política pública que reconozca la existencia de estos grupos en el país y dicte medidas urgentes de protección.
Así, los dos planes nacionales de desarrollo 2010 a 2018 comprometen al gobierno con esta tarea. Bajo la coordinación de la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías, del Ministerio del Interior, el mencionado colectivo establece las líneas gruesas y la ruta de formulación de dicha política pública.
Así, los dos planes nacionales de desarrollo 2010 a 2018 comprometen al gobierno con esta tarea. Bajo la coordinación de la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías, del Ministerio del Interior, el mencionado colectivo establece las líneas gruesas y la ruta de formulación de dicha política pública.
Las organizaciones indígenas regionales y nacionales, la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana, OPIAC, y la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, lideran las discusiones con el gobierno en las mesas de concertación establecidas para la amazonia y el país y concertan una ruta para formular y consultar la mencionada política. Luego de cinco años de reuniones en malocas, consultas con comunidades vecinas a los pueblos indígenas, mesas de concertación regional, reuniones en los departamentos amazónicos, intercambios internacionales y otros, se expide el Decreto 1232 de 2018 para la prevención y protección de los derechos de los pueblos en aislamiento de Colombia.
A partir de allí, por decisión de las autoridades indígenas se denominan a estos grupos, pueblos en estado natural. La política en cuestión pretende recoger las lecciones aprendidas de caso nükak, la experiencia de países vecinos y la normatividad internacional en la materia, como las directrices de la ONU de 2012 y los lineamientos de la CIDH de 2013.
La norma no solo emana directrices de protección, sino que crea un sistema articulado entre las diferentes instancias del estado. El Decreto 1232 recoge principios importantes para alinear toda acción de prevención o protección como lo son: la autodeterminación, la participación, corresponsabilidad, intangibilidad y algunos de ellos vanguardistas para la temática, como la interdependencia territorial entre pueblos y la precaución.
El sistema de protección se compone de una Comisión de Nacional, unos Comités Locales (regionales) y unos Grupos Técnicos Interculturales, encargados de la protección en territorio. Sin embargo, el decreto adolece de “dientes”, pues no fue posible en la negociación con el gobierno otorgarle asignación presupuestal o crear un despacho o equipo encargado del tema dentro del Ministerio del Interior, órgano que por cierto coordina la política pública indígena del país.
La norma crea unos mecanismos de prevención y protección para la protección de estos pueblos. Entre ellas, regula la investigación, los planes de prevención, la sensibilización a la sociedad, el monitoreo y control, los informes de riesgo y alertas y establece la importancia de reconocer los instrumentos propios de planeación indígena como determinantes en esta protección. Por ello los planes de vidas, planes de manejo ambiental y demás normas internas de las autoridades indígenas, hacen parte de esta política de protección.
De este modo, la norma pretende incorporar las acciones que los pueblos indígenas colindantes a los pueblos en aislamiento vienen realizando para su protección, incluyendo, por ejemplo, el consejo de los mayores y la protección espiritual como parte esencial de la misma. Otros ejemplos a recalcar son el caso del resguardo Curare los Ingleses de la asociación indígena AIPEA y la comunidad indígena de Manacaro, de la Asociación Indígena PANI, quienes desde 2012 vienen implementando acciones conjuntas de vigilancia de sus territorios para prevenir el ingreso de amenazas al territorio de los pueblos en aislamiento, procesos de educación propia, acuerdos de manejos de recursos naturales, protección espiritual, y monitoreo de fauna para su protección. En la franja sur, río Putumayo, en 2015 y 2016 una acción coordinada entre las autoridades tikuna de la asociación indígena CIMTAR, Parques Nacionales y el Ministerio del Interior, lograron evitar el ingreso de misioneros evangélicos baptistas norteamericanos que buscaban hacer contacto con las almas de los yuri y passé.
Autoridades indígenas del resguardo Curare los Ingleses diseñan protección a pueblos en aislamiento. Juan Arredondo, ACT
Aún sin norma nacional de protección, Parques Nacionales avanzó en la implementación del plan de manejo del Parque Río Puré en cuyo mandato está la salvaguarda de estos territorios. Dentro de su estrategia compuesta por el control y vigilancia, educación ambiental y articulación con autoridades indígenas se destaca en 2015, la construcción del puesto de control denominado Puerto Franco, sobre el río Puré en la frontera colombo-brasilera a 600 km fluviales y tres días de distancia del asentamiento colombiano más cercano. Este puesto operó bajo la administración de Parques Nacionales y bajo la coordinación de chamanes indígenas vinculados al área protegida hasta finales de 2020 cuando fue incinerada por grupos asociados a la minería ilegal y el narcotráfico.
Retomando las virtudes del Decreto 1232, este toma como figura territorial los denominados Territorios Ancestrales delineados en el Decreto 2333 de 2104, como una figura territorial transitoria de reconocimiento a la posesión ancestral de los pueblos indígenas en aislamiento. Sin embargo, a la fecha no se ha declarado la primera de estas figuras en Colombia.
No obstante, una falencia del Decreto 1232 es que, a raíz de negociaciones políticas, limitantes técnicas y presupuestales el decreto no define ni reglamenta la categoría de pueblos en contacto inicial, dejando huérfanos de política una vez más a los nükak, dicta, eso sí, la necesidad de establecer los planes de contingencia en caso de contacto. Se trata de protocolos de articulación y recomendaciones en cómo proceder en diferentes escenarios de contacto con pueblos en aislamiento, incluyendo su decisión de hacer permanente el contacto.
En los últimos tres años, el júbilo de esta norma, avalada por las organizaciones indígenas, se ha visto opacada por su lenta implementación. El sistema no ha podido responder a tiempo a las amenazas denunciadas por comunidades indígenas y autoridades ambientales. Hoy podemos afirmar que este territorio está sufriendo sus mayores amenazas de los últimos veinte años, por ejemplo, imágenes satelitales de alta resolución de finales de abril 2021 identificaron más de cincuenta embarcaciones mineras ilegales en Brasil a escasos 24 kilómetros de la frontera con Colombia.
Actividades madereras por el sur de su territorio, narcotráfico por el río Puré y la creciente presencia minera proveniente sobre todo del Brasil, donde la permisividad del gobierno Bolsonaro y los desorbitados precios del oro en los mercados internacionales impulsa un creciente desgobierno en la frontera y dentro del área protegida.
La lenta y desinteresada implementación por parte del gobierno de Iván Duque, de los acuerdos de paz establecidos entre el Estado y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC en 2016 ha generado una seria de nuevos grupos armados que se disputan el control de estos territorios e incremento de la inseguridad y actividades asociadas al narcotráfico y otras economías ilegales en la zona. Desplazamiento, amenazas, extorsiones y el desalojo de funcionarios públicos de diez áreas protegidas de la amazonia en 2020 son algunas de las consecuencias de esta situación. Algunos de estos grupos son: La Mafia, Los de Sinaloa, el Frente Carolina Ramírez, Comandos de Frontera, Frente Vermelho y otros grupos delincuenciales que aprovechan la falta de mandos unificados para realizar acciones criminales.
En agosto 2020 una confluencia de minería y nuevos actores armados se tomaron el área protegida, donde se registró un total de veinticinco dragas, dragones y balsas. Denuncias realizadas por actores del sistema, pero sin implementar los mecanismos del Decreto 1232, resultaron en un operativo coordinado de las fuerzas armadas donde destruyeron de manera controlada más de diez dragones (barcazas de gran tamaño para extraer material del río).
Un importante logro y reto del Decreto 1232 es la gran participación indígena en la toma de decisiones en todo nivel, su participación paritaria y en algunos casos mayoritaria, es manifiesta en las tres instancias del sistema. Sin embargo, las limitaciones asociadas a los altos costos de movilidad en la selva, la falta de atención estatal en torno a la emergencia del covid-19 en los territorios colindantes a los pueblos en aislamiento y la falta de voluntad y recursos para contar con la participación activa de autoridades locales en espacios regionales y nacionales a ralentizado la implementación de la norma.
Hoy podemos hablar de una operación tortuga por parte del gobierno que ralentiza la implementación de este decreto. Si bien no se ha desconocido su implementación, al igual que con los acuerdos de paz, es notoria la lentitud de los procesos y la falta de voluntad para poner en marcha el sistema de protección. De no ser por presiones y gestiones de las organizaciones indígenas y de la sociedad civil estaría más incipiente que su estado actual.
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